En los últimos veinte años la Secretaría de Inteligencia manejó 4850 millones de pesos. Desde el 2002 una Comisión del Congreso tiene que fiscalizar los fondos, pero no lo hace. Cómo se gasta la plata. Y el sumario que revela los manejos turbios del organismo más cuestionado del Estado.LA OFICINA EN SALTA FUNCIONA FRENTE A PLAZA GUEMES.
Una firma en un formulario secreto —el número 63— le alcanza a un señor para disponer de veinte millones de pesos por mes, sin que nadie le pregunte nada nunca. No es un señor rico: es un político al servicio de todos.
Aunque suene disparatado, eso es absolutamente posible en la Secretaría de Inteligencia del Estado. Los fondos totales de la SIDE, casi 230 millones de pesos en este año, no son sometidos a ningún tipo de control. Y aunque hay en teoría dos vías de fiscalización, ninguna funciona: el Congreso tiene la obligación de hacerlo, pero ni siquiera lo intenta; y las auditorías internas de la SIDE además de ser secretas no tienen ninguna credibilidad.
Ese descontrol es el que le dio crédito a la confesión de Mario Pontaquarto, el arrepentido del escándalo de las coimas en el Senado. Pontaquarto dijo haber recibido en la SIDE un bolso, una valija y una caja con cinco millones de pesos para repartir en el Congreso. Y eso es posible.
Cómo fue posible el pago que se le hizo —a pedido de un juez— a uno de los acusados del atentado terrorista contra la AMIA. O cómo son posibles los denunciados desvíos de fondos para gastos personales de los funcionarios o para financiar partidos políticos. La gran caja del poder, dicen los críticos, goza de carta blanca. Los fondos reservados son necesarios para que exista la Inteligencia, indispensable también para la seguridad de un país. El problema es cuando esa discrecionalidad es aprovechada con otros fines.
Todo pareció que iba a cambiar en junio del 2002, cuando el Congreso aprobó por unanimidad la primera ley nacional de Inteligencia. Se ratificó allí que todos los gastos de la Secretaría serían secretos, pero se estableció un sistema de control. Se le dio a una Comisión Bicameral la facultad y la obligación de fiscalizar todo ese presupuesto y elaborar dos informes, uno público y otro secreto. La Comisión, de diputados y senadores, se formó en agosto del año pasado pero sus miembros sólo se reunieron dos veces con el jefe de la SIDE. Hoy está desarticulada y jamás hizo lo que tenía que hacer. Lo reconoció a Clarín quien hasta el 10 de diciembre era el presidente de la Comisión, el diputado duhaldista Juan Carlos Correa:
Lo que pasa es que fue un año electoral, de cambio de Gobierno y además muchos miembros de la Comisión se pidieron licencia. Yo aposté a ponerla en marcha. El año próximo se podrá cumplir con todo.
El diputado Correa, cuyos últimos proyectos legislativos fueron para prohibir fumar en espacios públicos y declarar de interés parlamentario el 51º campeonato nacional de vuelo a vela, tuvo eso sí un gesto digno: Decidimos no ejecutar el presupuesto que tenía asignada la Comisión, de 600 mil pesos para todo el año.
La desidia de algunos provoca enojo en otros, como el que mostró el nuevo fiscal general de Investigaciones Administrativas, Manuel Garrido: El Congreso tiene que cumplir con su rol institucional. Hasta la OEA (Organización de Estados Americanos) recomendó que la Comisión controle los gastos. Pero no hicieron nada.
Los resortes internos de la SIDE son igual de inútiles. El reglamento del organismo obliga a un auditor de la secretaría a hacer arqueos sorpresivos de la caja fuerte, para confirmar que esté la plata que los documentos internos indican. Clarín tuvo acceso a las conclusiones de un informe reservado que envió el primer jefe de la SIDE de Kirchner, Sergio Acevedo, al juez que investiga las coimas del Senado. Entre las 450 páginas de ese informe se encuentra la declaración del encargado de la auditoría acerca de cómo se manejaban los fondos en el año 2000. Suena increíble, pero este hombre contó que el jefe de Finanzas de Fernando de Santibañes, Juan José Gallea, lo obligó a anunciar los arqueos sorpresivos con 48 horas de anticipación. Fue ése el año de la reforma laboral sospechada de haber sido comprada.
Con sorpresas así no hay lugar para sustos. Por eso impresiona que en uno de esos arqueos, el 8 de marzo del 2001, se comprobó que en la caja fuerte del edificio de 25 de Mayo y Rivadavia, la casa central de la SIDE, había 18 millones de pesos. Todo cash, billete sobre billete. Y eso que la SIDE tenía ya la mitad del presupuesto que había tenido en la era menemista.
Una ronda de consultas que hizo Clarín entre ex funcionarios de la SIDE, en causas judiciales y estadísticas oficiales, permite acercarse al secreto de cómo se gastan los fondos de la Secretaría de Inteligencia. Las sorpresas son muchas:
El presupuesto.
Desde el retorno democrático la SIDE administró 4.885 millones de pesos (se hubieran podido pagar 977 coimas como las que denuncia Pontaquarto). El gran salto presupuestario lo produjo el gobierno de Carlos Menem, cuando la secretaría era dirigida por Hugo Anzorreguy. En el 99 llegaron a gastarse más de 310 millones de pesos—dólares, récord hasta hoy. La SIDE se había agrandado en funciones y en personal a niveles impensados, mientras las sospechas sobre gastos ajenos a las funciones específicas se hacían habituales en los discursos de los políticos de la oposición.
Cuando la Alianza llegó al poder, esos gastos se redujeron a la mitad. Fernando de la Rúa, en una de sus entrevistas televisivas de esta semana, dio una explicación sobre cómo lo hizo: Dejamos de pagar sobres a jueces y periodista, dijo. La clásica sospecha sobre la cadena de la felicidad, como se llamaba a esa supuesta repartija de sobres, nunca intentó ser probada.
El informe de Acevedo —desconocido hasta hoy— revela que también De la Rúa utilizaba la SIDE para manejos irregulares. Como el presidente de la Alianza había decidido por decreto suspender el pago de los celulares de los funcionarios, la Secretaría de Inteligencia gastó 155 mil pesos por mes en 60 celulares para él, su familia y otros. Esto viene a confirmar lo que todos sospechábamos. La SIDE es una caja para comprar leyes, testigos y para cubrir gastos personales de los presidentes, se queja la diputada del ARI Graciela Ocaña.
En esa época también se contrataron desde la SIDE los servicios de un asesor de imagen estadounidense, Dick Morris. El caso llegó a los Tribunales, aunque De Santibañes salió intacto: la Justicia le concedió al jefe de los espías que no era un gasto ilegítimo. O dicho de otro modo: en ningún lado dice qué es lo que puede o no pagar la SIDE. Salvo que se cometa un delito.
Algo típico en la SIDE es que se gaste mucho más de lo proyectado. Un simple repaso de los presupuestos permite calcular que todos los años se consume entre el 30 y el 40 por ciento más de lo previsto. Se hace a través de giros secretos del Tesoro, como el que denunció Rodolfo Terragno en el 2000 y que pudo haber alimentado las coimas. En realidad, también hubo giros en el gobierno de Alfonsín, en el de Menem y luego en el de Duhalde.
El gobierno de Kirchner decidió aumentar el presupuesto para el 2004 —será de 240 millones— pero prometió que era un blanqueo de caja y que no se harán más giros a destiempo.
Gastos confesables
En 1995, la SIDE elaboró un informe interno y llegó a la conclusión de que el 75 por ciento de sus gastos podían hacerse públicos sin problemas, según contó uno de los directivos de esa época. Gastos de alquiler, sueldos al personal estable, compra de computadoras, autos, nafta y así. Este tipo de gastos fue calculado de un 83 por ciento durante el gobierno de la Alianza. El problema es que todo en la SIDE es secreto. Si se rompe un sillón y hay que comprar otro, ese gasto es tan reservado como la sigilosa operación, en 1985, de capturar en México al guerrillero Enrique Gorriarán Merlo.
Operaciones
Una porción del presupuesto se gasta en las investigaciones que piden los jueces. Seguimiento de probables narcotraficantes o secuestradores, pago a informantes, gastos de celulares, de hoteles para los espías, traslados y viáticos. Están calculados previamente y son aprobados por el jefe de Finanzas del organismo a pedido de los directores, es decir de los funcionarios de segunda línea. Son inconfesables porque la información delataría el accionar de los espías.
Operaciones especiales
Aquí está lo más delicado. Las operaciones especiales se aprueban exclusivamente con la firma del jefe de la SIDE en el formulario secreto número 63. El Señor Cinco —le dicen así porque su oficina está en el quinto piso—, le pasa el formulario al jefe de Finanzas y de inmediato recibe la plata en efectivo. No tiene que decir para qué, como pasó en 1996 cuando Anzorreguy, a pedido del juez Juan José Galeano, retiró dos valijas con 200 mil dólares cada una. Eran para pagarle a Carlos Telleldín, acusado de volar la AMIA, a cambio de una declaración acorde con los deseos del juez.
De ser cierta la confesión de Pontaquarto —el arrepentido de las coimas al Senado—, los cinco millones de pesos que salieron de la SIDE debieron haber sido aprobados por una orden de este tipo. Pero podría no haber quedado rastro. El formulario 63 se guarda o se rompe. Depende, admitió un ex subsecretario de Inteligencia. Pero no sólo así se puede encubrir: el 20 de diciembre del 2001, mientras en Plaza de Mayo la Policía reprimía y mataba manifestantes, se habrían retirado de la SIDE al menos 17 cajas con documentación clasificada.
Para colmo, los gastos de la secretaría —de cualquier tipo— suelen estar encubiertos a través de sociedades anónimas. Son esas sociedades las que compran departamentos, pagan servicios o tecnología, con el objetivo de no delatar que son gastos de Inteligencia, lo que podría perturbar alguna investigación legítima o de las otras. Pero esto genera problemas. El caso más famoso es el de Daniel Salinardi, que trabajó en la SIDE durante 22 años hasta que fue despedido, en el verano del 2000.
Salinardi tenía a su nombre y el de su ex mujer varias propiedades que se usaban de oficinas o cuevas, como se les dice a las oficinas secretas. Al quedar en la calle, Salinardi se hizo el desentendido e intentó quedarse con todo. Seis meses después fue denunciado en la Justicia y tuvo que ceder, pero la metodología quedó a la vista de todos. La lógica amiga del silencio sólo cede ante sus propias traiciones.
Una firma en un formulario secreto —el número 63— le alcanza a un señor para disponer de veinte millones de pesos por mes, sin que nadie le pregunte nada nunca. No es un señor rico: es un político al servicio de todos.
Aunque suene disparatado, eso es absolutamente posible en la Secretaría de Inteligencia del Estado. Los fondos totales de la SIDE, casi 230 millones de pesos en este año, no son sometidos a ningún tipo de control. Y aunque hay en teoría dos vías de fiscalización, ninguna funciona: el Congreso tiene la obligación de hacerlo, pero ni siquiera lo intenta; y las auditorías internas de la SIDE además de ser secretas no tienen ninguna credibilidad.
Ese descontrol es el que le dio crédito a la confesión de Mario Pontaquarto, el arrepentido del escándalo de las coimas en el Senado. Pontaquarto dijo haber recibido en la SIDE un bolso, una valija y una caja con cinco millones de pesos para repartir en el Congreso. Y eso es posible.
Cómo fue posible el pago que se le hizo —a pedido de un juez— a uno de los acusados del atentado terrorista contra la AMIA. O cómo son posibles los denunciados desvíos de fondos para gastos personales de los funcionarios o para financiar partidos políticos. La gran caja del poder, dicen los críticos, goza de carta blanca. Los fondos reservados son necesarios para que exista la Inteligencia, indispensable también para la seguridad de un país. El problema es cuando esa discrecionalidad es aprovechada con otros fines.
Todo pareció que iba a cambiar en junio del 2002, cuando el Congreso aprobó por unanimidad la primera ley nacional de Inteligencia. Se ratificó allí que todos los gastos de la Secretaría serían secretos, pero se estableció un sistema de control. Se le dio a una Comisión Bicameral la facultad y la obligación de fiscalizar todo ese presupuesto y elaborar dos informes, uno público y otro secreto. La Comisión, de diputados y senadores, se formó en agosto del año pasado pero sus miembros sólo se reunieron dos veces con el jefe de la SIDE. Hoy está desarticulada y jamás hizo lo que tenía que hacer. Lo reconoció a Clarín quien hasta el 10 de diciembre era el presidente de la Comisión, el diputado duhaldista Juan Carlos Correa:
Lo que pasa es que fue un año electoral, de cambio de Gobierno y además muchos miembros de la Comisión se pidieron licencia. Yo aposté a ponerla en marcha. El año próximo se podrá cumplir con todo.
El diputado Correa, cuyos últimos proyectos legislativos fueron para prohibir fumar en espacios públicos y declarar de interés parlamentario el 51º campeonato nacional de vuelo a vela, tuvo eso sí un gesto digno: Decidimos no ejecutar el presupuesto que tenía asignada la Comisión, de 600 mil pesos para todo el año.
La desidia de algunos provoca enojo en otros, como el que mostró el nuevo fiscal general de Investigaciones Administrativas, Manuel Garrido: El Congreso tiene que cumplir con su rol institucional. Hasta la OEA (Organización de Estados Americanos) recomendó que la Comisión controle los gastos. Pero no hicieron nada.
Los resortes internos de la SIDE son igual de inútiles. El reglamento del organismo obliga a un auditor de la secretaría a hacer arqueos sorpresivos de la caja fuerte, para confirmar que esté la plata que los documentos internos indican. Clarín tuvo acceso a las conclusiones de un informe reservado que envió el primer jefe de la SIDE de Kirchner, Sergio Acevedo, al juez que investiga las coimas del Senado. Entre las 450 páginas de ese informe se encuentra la declaración del encargado de la auditoría acerca de cómo se manejaban los fondos en el año 2000. Suena increíble, pero este hombre contó que el jefe de Finanzas de Fernando de Santibañes, Juan José Gallea, lo obligó a anunciar los arqueos sorpresivos con 48 horas de anticipación. Fue ése el año de la reforma laboral sospechada de haber sido comprada.
Con sorpresas así no hay lugar para sustos. Por eso impresiona que en uno de esos arqueos, el 8 de marzo del 2001, se comprobó que en la caja fuerte del edificio de 25 de Mayo y Rivadavia, la casa central de la SIDE, había 18 millones de pesos. Todo cash, billete sobre billete. Y eso que la SIDE tenía ya la mitad del presupuesto que había tenido en la era menemista.
Una ronda de consultas que hizo Clarín entre ex funcionarios de la SIDE, en causas judiciales y estadísticas oficiales, permite acercarse al secreto de cómo se gastan los fondos de la Secretaría de Inteligencia. Las sorpresas son muchas:
El presupuesto.
Desde el retorno democrático la SIDE administró 4.885 millones de pesos (se hubieran podido pagar 977 coimas como las que denuncia Pontaquarto). El gran salto presupuestario lo produjo el gobierno de Carlos Menem, cuando la secretaría era dirigida por Hugo Anzorreguy. En el 99 llegaron a gastarse más de 310 millones de pesos—dólares, récord hasta hoy. La SIDE se había agrandado en funciones y en personal a niveles impensados, mientras las sospechas sobre gastos ajenos a las funciones específicas se hacían habituales en los discursos de los políticos de la oposición.
Cuando la Alianza llegó al poder, esos gastos se redujeron a la mitad. Fernando de la Rúa, en una de sus entrevistas televisivas de esta semana, dio una explicación sobre cómo lo hizo: Dejamos de pagar sobres a jueces y periodista, dijo. La clásica sospecha sobre la cadena de la felicidad, como se llamaba a esa supuesta repartija de sobres, nunca intentó ser probada.
El informe de Acevedo —desconocido hasta hoy— revela que también De la Rúa utilizaba la SIDE para manejos irregulares. Como el presidente de la Alianza había decidido por decreto suspender el pago de los celulares de los funcionarios, la Secretaría de Inteligencia gastó 155 mil pesos por mes en 60 celulares para él, su familia y otros. Esto viene a confirmar lo que todos sospechábamos. La SIDE es una caja para comprar leyes, testigos y para cubrir gastos personales de los presidentes, se queja la diputada del ARI Graciela Ocaña.
En esa época también se contrataron desde la SIDE los servicios de un asesor de imagen estadounidense, Dick Morris. El caso llegó a los Tribunales, aunque De Santibañes salió intacto: la Justicia le concedió al jefe de los espías que no era un gasto ilegítimo. O dicho de otro modo: en ningún lado dice qué es lo que puede o no pagar la SIDE. Salvo que se cometa un delito.
Algo típico en la SIDE es que se gaste mucho más de lo proyectado. Un simple repaso de los presupuestos permite calcular que todos los años se consume entre el 30 y el 40 por ciento más de lo previsto. Se hace a través de giros secretos del Tesoro, como el que denunció Rodolfo Terragno en el 2000 y que pudo haber alimentado las coimas. En realidad, también hubo giros en el gobierno de Alfonsín, en el de Menem y luego en el de Duhalde.
El gobierno de Kirchner decidió aumentar el presupuesto para el 2004 —será de 240 millones— pero prometió que era un blanqueo de caja y que no se harán más giros a destiempo.
Gastos confesables
En 1995, la SIDE elaboró un informe interno y llegó a la conclusión de que el 75 por ciento de sus gastos podían hacerse públicos sin problemas, según contó uno de los directivos de esa época. Gastos de alquiler, sueldos al personal estable, compra de computadoras, autos, nafta y así. Este tipo de gastos fue calculado de un 83 por ciento durante el gobierno de la Alianza. El problema es que todo en la SIDE es secreto. Si se rompe un sillón y hay que comprar otro, ese gasto es tan reservado como la sigilosa operación, en 1985, de capturar en México al guerrillero Enrique Gorriarán Merlo.
Operaciones
Una porción del presupuesto se gasta en las investigaciones que piden los jueces. Seguimiento de probables narcotraficantes o secuestradores, pago a informantes, gastos de celulares, de hoteles para los espías, traslados y viáticos. Están calculados previamente y son aprobados por el jefe de Finanzas del organismo a pedido de los directores, es decir de los funcionarios de segunda línea. Son inconfesables porque la información delataría el accionar de los espías.
Operaciones especiales
Aquí está lo más delicado. Las operaciones especiales se aprueban exclusivamente con la firma del jefe de la SIDE en el formulario secreto número 63. El Señor Cinco —le dicen así porque su oficina está en el quinto piso—, le pasa el formulario al jefe de Finanzas y de inmediato recibe la plata en efectivo. No tiene que decir para qué, como pasó en 1996 cuando Anzorreguy, a pedido del juez Juan José Galeano, retiró dos valijas con 200 mil dólares cada una. Eran para pagarle a Carlos Telleldín, acusado de volar la AMIA, a cambio de una declaración acorde con los deseos del juez.
De ser cierta la confesión de Pontaquarto —el arrepentido de las coimas al Senado—, los cinco millones de pesos que salieron de la SIDE debieron haber sido aprobados por una orden de este tipo. Pero podría no haber quedado rastro. El formulario 63 se guarda o se rompe. Depende, admitió un ex subsecretario de Inteligencia. Pero no sólo así se puede encubrir: el 20 de diciembre del 2001, mientras en Plaza de Mayo la Policía reprimía y mataba manifestantes, se habrían retirado de la SIDE al menos 17 cajas con documentación clasificada.
Para colmo, los gastos de la secretaría —de cualquier tipo— suelen estar encubiertos a través de sociedades anónimas. Son esas sociedades las que compran departamentos, pagan servicios o tecnología, con el objetivo de no delatar que son gastos de Inteligencia, lo que podría perturbar alguna investigación legítima o de las otras. Pero esto genera problemas. El caso más famoso es el de Daniel Salinardi, que trabajó en la SIDE durante 22 años hasta que fue despedido, en el verano del 2000.
Salinardi tenía a su nombre y el de su ex mujer varias propiedades que se usaban de oficinas o cuevas, como se les dice a las oficinas secretas. Al quedar en la calle, Salinardi se hizo el desentendido e intentó quedarse con todo. Seis meses después fue denunciado en la Justicia y tuvo que ceder, pero la metodología quedó a la vista de todos. La lógica amiga del silencio sólo cede ante sus propias traiciones.
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