Salta. Arrasarán 1,5 millones de Hectáreas de Bosques Nativos

Ordenamiento Territorial: Gobierno Salteño Habilitó que puedan Arrasarse 1,5 millones de Hectáreas de Bosques Nativos.
Representan el 20 por ciento de la totalidad de selva nativa de la provincia. La disposición surge tras el Ordenamiento Territorial de la masa boscosa dispuesta por la Ley Nacional de Bosques. “Salta da un paso importante, pero con un alto costo ambiental”, advierten desde Greenpeace. Reclaman controles ante el avance de la frontera agropecuaria. El Gobierno de Salta permitió que un millón y medio de hectáreas de bosques nativos puedan ser desmontados pese a la emergencia forestal existente. La medida surgió tras la culminación del Ordenamiento Territorial de la masa boscosa de la vecina provincia efectuada el 7 de julio pasado. Si bien la disposición asienta que el 80 por ciento de la selva salteña quedará protegido de las topadoras, agrupaciones ambientalistas advirtieron las consecuencias negativas de este Ordenamiento. “Es muy importante que Salta haya concluido el Ordenamiento Territorial y que se proteja el ochenta por ciento de sus bosques y los territorios que ocupan y utilizan las comunidades indígenas. Sin embargo, teniendo en cuenta la emergencia forestal en la que nos encontramos, consideramos excesiva la superficie que estará expuesta al desmonte, lo que permitirá a la provincia mantener su ritmo actual de deforestación por más de una década”, señaló Hernán Giardini, coordinador de la campaña de Bosques de la organización internacional Greenpeace. Mediante un decreto, el Poder Ejecutivo salteño reglamentó la ley provincial 7.543, aprobada en diciembre último, que incluye el mapa de Ordenamiento Territorial de los Bosques Nativos de la provincia. Este establece: 1.294.778 hectáreas en la Categoría I – Rojo (áreas protegidas, no se permite desmonte ni aprovechamiento forestal), 5.393.018 hectáreas en la Categoría II – Amarillo (permite aprovechamiento forestal, no permite desmontes), y 1.592.366 hectáreas en la Categoría III – Verde (permite su desmonte parcial). Según Greenpeace, con esta zonificación, la futura autorización de desmontes para el desarrollo agrícola y ganadero en la provincia de Salta queda reducida a las zonas establecidas en la Categoría III – Verde (el 19,23% de sus bosques) previa aprobación de un estudio de impacto ambiental y la realización de una audiencia pública. Las zonas en las que podrán solicitarse habilitaciones para desmontes fueron concentradas en regiones que en los últimos años vienen sufriendo el avance de la frontera agropecuaria. “Con el Ordenamiento Territorial, Salta da un paso muy importante, pero con un alto costo ambiental. Es fundamental que se controle el avance de la frontera agropecuaria y se revise periódicamente el impacto de la deforestación para en el futuro mejorar esta zonificación. En ese sentido, esperamos que los estudios de impacto ambiental y las audiencias públicas que deberán realizarse antes de aprobar un desmonte se hagan de manera seria y garantizando la plena participación de los sectores involucrados”, afirmó Giardini.
Salta es una de las provincias con mayores niveles de deforestación del país. Según datos de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, entre 1998 y 2002 la superficie deforestada en la provincia fue de 194.389 hectáreas, mientras que entre 2002 y 2006 se duplicó la superficie desmontada, alcanzando las 414.934 hectáreas. La superficie históricamente deforestada en la provincia asciende a dos millones de hectáreas.
Durante el año 2007, en plena discusión parlamentaria por la Ley de Bosques y evitando la moratoria que la norma establece, el gobierno de Salta autorizó en una clara actitud especulativa el desmonte de cerca de medio millón de hectáreas.
Luego de un amparo presentado por varias comunidades indígenas y campesinas, la Corte Suprema de Justicia de la Nación suspendió los permisos para las actividades de tala y desmonte en los departamentos de Orán, San Martín, Rivadavia y Santa Victoria hasta tanto la provincia realice un estudio de impacto ambiental acumulativo de la deforestación y finalice el Ordenamiento Territorial que establece la Ley de Bosques. A partir de la sanción y reglamentación de la Ley provincial de Ordenamiento Territorial de sus bosques nativos, Salta cumple con lo dictado por la Ley nacional de Bosques y está en condiciones de recibir el Fondo Nacional para el Enriquecimiento y la Conservación de los Bosques Nativos (cerca de mil millones de pesos al año) a distribuirse entre las provincias que sancionen por ley provincial el Ordenamiento Territorial de sus zonas boscosas, con el objetivo de fortalecer la capacidad técnica y de control, compensar a los titulares que realicen tareas de conservación y manejo sostenible, y para fomentar las actividades productivas que los pequeños productores rurales y comunidades indígenas realizan en los bosques.
fuente http://nortedelbermejo.com.ar.

PIDEN EXPLICACIONES "EN LA LINDA"

Tras la denuncia de comunidades aborígenes, la Justicia intimó a la provincia a presentar estudios de impacto ambiental y los permisos de tala.
La agricultura es uno de los principales motores -junto al turismo- de la economía salteña. Pero para sembrar hay que desmontar miles de hectáreas y en los últimos años -boom sojero mediante- se ha producido una feroz limpieza de bosques nativos. El tema no es nuevo, Greenpeace lo denuncia hace tiempo. Pero en esta ocasión, la Corte Suprema de la Nación intimó al gobierno provincial de Juan Manuel Urtubey y a la Secretaría de Medio Ambiente de Homero Bibiloni a que presenten un estudio de impacto ambiental a raíz de una causa judicial presentada por aborígenes.
La solicitud de la Corte se concretó luego de que las comunidades Wichis de San Ignacio Loyola, Zona Bermejo y San José Chustaj Lhokwe hicieran una presentación responsabilizando al Estado salteño de no haber cumplido, tanto por acción como por omisión, con sus obligaciones al otorgar autorizaciones de desmonte que perjudicarían los derechos y garantías de los habitantes originarios.
El Máximo Tribunal había dispuesto en diciembre pasado el cese preventivo de desmontes y talas de los bosques nativos que habían sido autorizados por el Estado provincial durante el último trimestre de 2007 -por un incremento exagerado de pedidos de autorización- en los departamentos de Orán, San Martín, Rivadavia y Santa Victoria. Además del estudio de impacto ambiental, la provincia salteña tendrá que entregar a la justicia un informe en el plazo de cinco días hábiles con los nombres y apellidos o razones sociales, con sus respectivos domicilios, de todas las personas físicas y jurídicas que solicitaron y obtuvieron autorizaciones para destruir bosques nativos.