“El equilibrio institucional es clave en la remoción de jueces”

(LA GACETA) En Salta rige un mecanismo de reemplazo transitorio de jueces, fiscales y defensores oficiales que involucra a los tres poderes del Estado. Cuando se produce la ausencia de un juez por más de 60 días corridos, la Ley Provincial 7.347 prevé un trámite abreviado para la designación de su reemplazante transitorio, en el que intervienen el Poder Ejecutivo, el Senado y el Consejo de la Magistratura (CM). Al registrarse la vacante, la Corte lo comunica al CM (lo integran nueve miembros, sin presencia del PE), que entrevista a los seis primeros de una lista de reemplazantes por distrito, fuero e instancia, y confecciona una terna con dictamen fundado que eleva al PE. El gobernador dispone de tres días para proponer un candidato a los senadores. El mismo tiempo tiene la Comisión de Justicia, Acuerdos y Designaciones de la Cámara Alta para emitir dictamen y elevarlo al cuerpo para su tratamiento en la sesión inmediata siguiente. Si aprueba el pliego, lo remite al PE para la designación temporaria (duran un año en el cargo); si lo rechaza, lo comunica para que proponga a otro de la terna. (FOTO DR GONZALEZ JUJUY)
“El esquema funciona bien y es notoriamente más corto que el procedimiento de designación definitiva que tiene un plazo máximo de cuatro meses. Además, cubre cualquier cuestionamiento que pueda hacerse sobre la legitimidad del reemplazante”, dijo a LA GACETA el presidente de la Corte Suprema de Justicia de esa provincia, Guillermo Alberto Posadas.
Para el nombramiento de jueces definitivos también interviene el CM en la selección (salvo para la Corte y las cabezas del Ministerio Público fiscal y de la defensa), que se realiza a través de concurso público de antecedentes y oposición.
“El equilibrio institucional interpoderes es la clave del buen funcionamiento del sistema de remoción de jueces y funcionarios de ley inferiores, que está a cargo del Jurado de Enjuiciamiento. Puede decirse que en Salta ese equilibrio existe y que funcionan los controles cruzados”, afirmó Posadas.
En el caso de los miembros de la Corte, el pedido de destitución es tratado y resuelto por el Poder Legislativo. El juez advirtió que este procedimiento es, a la vez, técnico-jurídico y político.

“El sistema para nombrar magistrados es conflictivo”

Jujuy carece de Consejo de la Magistratura. Su Constitución fija un mecanismo especial para la designación de jueces y de funcionarios de ley, con fuerte participación de la Corte Suprema de Justicia de la Provincia. Este cuerpo elige (mediante un mecanismo diseñado en forma autónoma) una terna de postulantes para el cargo vacante, que eleva al Poder Ejecutivo. El PE selecciona uno y pide su acuerdo parlamentario. El presidente del máximo tribunal, Sergio González, reconoció que el sistema para nombrar a los magistrados vigente desde la reforma constitucional de 1986 es complejo y conflictivo. “Se presenta como un trámite sencillo, pero tiene muchas aristas. Tiene tantas dificultades como las que presenta un Consejo de la Magistratura (CM) en su integración y en el funcionamiento”, advirtió.
El magistrado admitió que las críticas más frecuentes se refieren a una falta de apertura; a la imposibilidad de que prosperen algunos postulantes; o a la ausencia de un proceso objetivo y transparente.
“En el actual diseño no nos permite delegar esa misión, por expresas cláusulas constitucionales. La única alternativa sería concretar una reforma de la Carta Magna provincial, lo que nos abre la discusión de definir cuál sistema es el apropiado y superador de esta dinámica”, dijo.
“Entre 2003 y 2007 (durante el último mandato de gobernador de Eduardo Fellner), prácticamente no se designó a ningún juez. Las demoras terminan por obstaculizar el servicio de Justicia. No hay que enviar cualquier pliego a la Legislatura si se sabe que no se lo va a aprobar”, explicó.
El juez supremo describió el sistema de subrogancias hasta el nombramiento del juez definitivo: “la línea de jueces penales se cubre con defensores y fiscales que tienen acuerdo parlamentario, pero que cumplen un rol institucional distinto, lo que produce tensiones y desconfianzas”.
González se mostró preocupado por la sobrecarga de funciones y los defectos de funcionamiento en las Fiscalías y Defensorías. “La salida es que se designen los magistrados definitivos, pero los diseños institucionales no son lo veloces que se requiere”, finalizó.